La Justicia rusa ha ordenado la confiscación de 123 propiedades vinculadas a los Testigos de Jehová, organización religiosa declarada extremista y prohibida en Rusia desde 2017. Según la sentencia del Tribunal del Distrito de Kuzminsky, los acuerdos de donación mediante los cuales estos bienes fueron transferidos a entidades extranjeras quedaron invalidados, lo que permite su incorporación inmediata al patrimonio del Estado ruso.
Los activos confiscados incluyen 63 propiedades residenciales y comerciales, con una superficie total superior a 11.000 metros cuadrados, además de 60 parcelas de terreno distribuidas en múltiples regiones del país, entre ellas Moscú, Leningrado, Nóvgorod, Pskov, Tula, Rostov, Vorónezh, Irkutsk, Samara, Krasnodar y Stávropol.
La operación afecta a transacciones realizadas entre la organización de los Testigos de Jehová de Togliatti (suroeste de Rusia) y una comunidad religiosa de la organización en Suecia, acuerdos que la Fiscalía General consideró diseñados para evitar que los bienes pasaran al Estado tras la prohibición de la organización en 2017.
Desde la prohibición, numerosos miembros de esta comunidad religiosa han sido procesados bajo acusaciones de actividades extremistas, situación que ha generado críticas internacionales y pronunciamientos de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2022 consideró ilegal la prohibición, aunque Rusia ya no está vinculada al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La confiscación se enmarca en una campaña de nacionalización de activos privados impulsada por las autoridades rusas en los últimos años, cuyos bienes —según diversas fuentes— pueden ser posteriormente revendidos o utilizados para financiar actividades estatales en el contexto de la guerra en Ucrania.
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