En varias ciudades del país se han registrado intervenciones urbanas que dividen opiniones: pintatas, destrucción de mobiliario público y ocupaciones de espacios. Mientras algunos lo califican como vandalismo, otros lo ven como formas legítimas de protesta social. Expertos en sociología y urbanismo señalan que estas expresiones pueden surgir de la frustración ante la desigualdad, la falta de espacios de participación o el abandono institucional. Sin embargo, también advierten que el daño a bienes públicos afecta la convivencia y genera costos para la comunidad. El debate sigue abierto: ¿cómo distinguir entre reclamo legítimo y destrucción injustificada?