Una resolución emitida por una jueza recusada desató un conflicto por la propiedad de 900 hectáreas de cultivo de chía. La decisión afecta directamente a una comunidad indígena que reclama sus derechos sobre las tierras. El caso generó tensión social y jurídica, ya que se cuestiona la legitimidad de la resolución y se exige respeto a los derechos ancestrales de la comunidad.