Amnistía Internacional presentó este 23 de marzo el informe “Rompiendo el tejido social”, en el que denuncia la creciente aprobación de leyes restrictivas contra organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Según la investigación, estas normativas refuerzan prácticas autoritarias que amenazan la libertad de asociación y reducen el espacio cívico, generando autocensura, debilitando la participación ciudadana y erosionando la confianza comunitaria. La organización advierte que estas medidas afectan directamente la capacidad de las ONG para acompañar a comunidades vulnerables y defender los derechos humanos, lo que representa un grave retroceso democrático en la región.