La polémica se instaló en Paraguay tras conocerse que varios investigados por lavado de dinero, narcotráfico y corrupción recibieron beneficios judiciales. Entre ellos, permisos especiales para legisladores condenados, sobreseimientos en casos de títulos falsos y medidas alternativas para procesados por narcotráfico. Estos fallos han generado críticas sobre la efectividad del sistema judicial y la lucha contra el crimen organizado.