El presidente Santiago Peña firmó un decreto que amplía la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, habilitando su despliegue en la Región Oriental y el uso de elementos de combate. El Gobierno justifica la medida en informes de inteligencia sobre crimen organizado transnacional, pero constitucionalistas advierten que vulnera la Carta Magna, ya que la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional. El debate podría judicializarse en la Corte Suprema y marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial.