Por: Daniel Fernando Mejìa Lozano
Corresponsal Senior desde París Francia
A pocos días de que los ciudadanos de La Paz acudan a las urnas para elegir a su próximo alcalde, el debate político en la capital boliviana ha comenzado a cruzarse con un tema que trasciende la campaña local: el impacto regional del narcotráfico y las preguntas sobre transparencia empresarial de algunos candidatos. La elección municipal, prevista para esta semana, se desarrolla en medio de un clima marcado por el escrutinio público sobre el origen de los recursos y la estructura de los negocios de quienes aspiran a dirigir la ciudad.
Uno de los nombres que concentra atención es el del empresario y candidato a la alcaldía de La Paz, Xavier Iturralde. Su campaña se ha construido alrededor de una narrativa de modernización urbana, innovación tecnológica y desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos días han surgido interrogantes sobre la transparencia de algunas de sus empresas, particularmente aquellas registradas fuera de Bolivia.
El contexto regional tampoco ayuda a que estas preguntas pasen desapercibidas. La reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a poner sobre la mesa la magnitud de las redes criminales que durante años operaron entre Bolivia, Paraguay y otros países de Sudamérica. Investigaciones judiciales y periodísticas han mostrado cómo esas estructuras utilizaron empresas, testaferros y operaciones financieras complejas para mover recursos y ocultar capitales provenientes del narcotráfico.
En ese rompecabezas regional aparece también el recuerdo del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en Colombia mientras se encontraba de luna de miel. Pecci investigaba redes de narcotráfico internacional y lavado de dinero que conectaban a Paraguay con organizaciones criminales en distintos países. Su muerte marcó uno de los episodios más dramáticos en la lucha contra el crimen organizado en América Latina.
El caso volvió a cobrar relevancia tras la condena del exsenador paraguayo Erico Galeano, acusado de colaborar con una red criminal vinculada a Marset mediante el uso de empresas fachada. Para muchos analistas, la sentencia confirmó lo que durante años ha sido una preocupación constante: que las redes del narcotráfico requieren apoyos financieros, empresariales y, en ocasiones, políticos para sostener sus operaciones.
Es en ese escenario donde algunos observadores han comenzado a mirar con mayor atención las estructuras empresariales de Iturralde. Una revisión preliminar de registros mercantiles en Paraguay muestra información limitada sobre accionistas, capital social y flujos financieros en algunas de las compañías vinculadas al candidato.
Entre ellas aparece BIT Bolivian Industrial Technology, empresa registrada en Paraguay y vinculada a proyectos industriales y energéticos relacionados con la producción de diésel sintético. Documentos corporativos disponibles públicamente muestran datos incompletos sobre accionistas y estructura financiera. Aunque esto no constituye una evidencia de irregularidad, expertos en gobernanza corporativa señalan que la falta de claridad en estos registros puede generar dudas cuando se trata de candidatos que buscan administrar recursos públicos.
A esto se suma otra inquietud: ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay (MADES), no aparece un registro público claro que ubique a esta empresa entre aquellas con licencia para operar y producir diésel en el país.
La coincidencia temporal también ha alimentado especulaciones en círculos políticos y empresariales. Algunos de los proyectos vinculados a Iturralde en Paraguay comenzaron a estructurarse en un periodo cercano al momento en que Marset se instaló en Bolivia tras el asesinato del fiscal Pecci en 2022. Durante ese tiempo, el narcotraficante vivió bajo identidades falsas y logró permanecer varios años sin ser detenido, mientras ampliaba sus operaciones en la región.
Para los investigadores del crimen organizado, este tipo de esquemas no resulta desconocido. Empresas formalmente constituidas, estructuras corporativas complejas y redes de testaferros suelen ser utilizadas para canalizar grandes flujos de dinero sin levantar sospechas inmediatas. En ese entramado, las llamadas empresas fachada pueden servir para legitimar recursos y disimular su origen.
Hasta ahora, no existe evidencia judicial que vincule directamente a Iturralde con las operaciones criminales atribuidas a Marset. Sin embargo, algunos analistas advierten que la información financiera sobre inversionistas extranjeros vinculados a proyectos empresariales del candidato resulta poco clara.
El tema cobra mayor relevancia en el contexto electoral boliviano. La Ley 018 del Régimen Electoral prohíbe la financiación de campañas por parte de empresas extranjeras, mientras que la Ley 249 de Control al Financiamiento Electoral obliga a los candidatos a transparentar públicamente el origen de sus recursos.
En medio de ese panorama, las elecciones municipales de esta semana en La Paz no solo pondrán a prueba las propuestas urbanas de los candidatos, sino también el nivel de confianza que los votantes depositan en la transparencia económica de quienes aspiran a gobernar la ciudad.
Porque, en una región marcada por escándalos de narcotráfico y corrupción política, la pregunta que muchos ciudadanos empiezan a hacerse ya no es solo quién puede administrar mejor la ciudad, sino también qué tan claro es el origen de los recursos y las estructuras empresariales de quienes buscan dirigirla.
Por: Daniel Fernando Mejìa Lozano
Corresponsal Senior desde París Francia
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